No nos vamos a complicar mucho la vida, y recurriremos a la Real Academia Española: el Derecho es el conjunto de principios y normas que regulan una sociedad. Dentro de ese conjunto, asimismo, existen diversas ramas que regulan campos específicos con una serie de especialidades que se enseñan en las Facultades de Derecho. El derecho administrativo, por ejemplo, regula las Administraciones públicas y su relación con los ciudadanos; tal como hace el derecho mercantil con la actividad empresarial y sus actividades específicas.

Energía, por su parte, es la capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo. Esos “sistemas” a que se refiere el diccionario son los que vulgarmente llamamos “fuentes”: el sol, la fusión o fisión de núcleos atómicos, el viento, el petróleo, las mareas, el carbón, el gas, etc. Y la regulación se preocupa, a grandes rasgos, de aquellos eventos en que la extracción del “trabajo”, o “utilidad”, es susceptible de generar actividad económica: la producción, la construcción y gestión de su infraestructura de soporte, el transporte y distribución y el suministro.

Así pues, ¿existe un catálogo especial de principios y normas que aplique únicamente a la regulación de los actos arriba mencionados? ¿O estamos ante paquetes de normas que regulan, conforme a unas políticas públicas específicas (a las que me referiré más adelante), los asuntos energéticos bajo el prisma del derecho público (administrativo) y privado (civil y mercantil)?

Es una cuestión que genera gran debate entre juristas del gremio, con interesantes argumentos en ambos bandos, si bien un servidor se inclina por una sin demasiadas dudas.

En mi opinión, apréciese la rotundidad viniendo de un gallego, el derecho de la energía no existe. Lo que existe es el Derecho, y dentro de él una serie de campos de conocimiento con entidad propia, como el mercantil o el administrativo, entre los cuales no se encuentra la energía. Ésta, no obstante, presenta particular complejidad en tanto que inciden sobre su regulación normas y principios de los diversos ordenamientos, y es por ello que en este foro utilizaremos “Derecho y energía” o “derecho de los asuntos energéticos” para ser consecuentes con lo arriba expuesto.

Es decir, lo que hace única a la industria energética es su carácter poliédrico, que abarca desde el funcionamiento de una refinería hasta el del contador de electricidad de una vivienda. Y las leyes que se encargan de regularla se adecúan en lo sustantivo, pero empleando principios de derecho público y privado que son compartidos con otras industrias y actividades económicas.

No obstante, a efectos prácticos y mientras esperamos una posible revolución verde que todo lo altere, podemos agrupar la práctica totalidad de la actividad energética en tres mercados: eléctrico, gasista y petrolero. Por el primero empezaremos, aquí, con un análisis del autoconsumo de energía eléctrica.