Resulta sorprendente, para los menos versados en leyes, que la ley española sobre expropiación forzosa sea de 1954. Del 16 de diciembre, precisamente, así que le toca soplar velas hoy. No sólo cumple 67 años, sino que lo hace con plena vigencia tras apenas once modificaciones, que son la mitad que las que tiene la Ley de sociedades de capital en 11 años de vida. Dejo aquí esta digresión, que hemos venido a dar unas pinceladas de la expropiación forzosa en sede de instalación de parques eólicos y no a disertar sobre la baja calidad de la técnica legislativa contemporánea.

Concurre la posibilidad por parte de los promotores de instalaciones eólicas de solicitar la expropiación del terreno indispensable para las mismas, en virtud de la legislación estatal del sector eléctrico. En la misma, se establece la utilidad pública de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, requisito indispensable para proceder a la expropiación forzosa.

La declaración de que un terreno es necesario para una instalación nos lleva al punto candente de las expropiaciones para instalar parques eólicos: la determinación del justo precio, o remuneración de la adquisición cuando no haya un acuerdo amistoso entre las partes.

Normativa y jurisprudencia, muy numerosa esta última debido a la longevidad de la norma, regulan de manera muy clara la tasación del mencionado justo precio. Así, en los terrenos expropiables se ha de estar al valor de los mismos al tiempo de iniciarse el expediente de determinación del justiprecio. No se pueden tener en cuenta, dice la ley, las plusvalías que sean consecuencia directa del proyecto para el cual se expropia el terreno.

Al tratarse de un bien expropiado que posee legislación especial, del suelo, han de tenerse en cuenta las consideraciones en ésta establecidas. Así, la valoración de suelo rural se calcula atendiendo al rendimiento del uso de que sean susceptibles, que podrá ser corregida mediante factores objetivos de localización, pero no con expectativas derivadas de la asignación de usos que aún no hayan sido realizados. Aquí, me gustaría detenerme brevemente a explicar estos tres elementos:

· Rendimiento del uso: se refiere a su aprovechamiento previo a la explotación, que en el caso del suelo rural afectado por este tipo de instalaciones, habitualmente tendrá calificación de rústico. Procederá, por tanto, que se valore el terreno en base a las rentas potenciales para usos de terrenos rústicos (fundamentalmente, la proveniente de actividades agropecuarias).
· Factores objetivos de localización: la Ley del suelo se refiere a la accesibilidad a poblaciones o al valor ambiental o paisajístico, pero no habla de la especial aptitud eólica de un terreno. Tampoco lo hace, hasta ahora, la jurisprudencia de nuestro país, siendo éste un extremo muy discutido por parte de los propietarios de terrenos que ven cómo no se corrige al alza el precio ni siquiera de terrenos catalogados por las administraciones públicas como de especial potencial para su aprovechamiento eólico.
· Expectativas no realizadas: el precio, o renta, no puede capitalizar la potencial rentabilidad de la futura instalación eólica, puesto que se trata de algo incierto y sobre lo cual no se puede realizar una valoración, tal y como ha desarrollado de manera reiterada la jurisprudencia. Aquí, los propietarios de terrenos han procurado conseguir que se indemnice por el valor del recurso eólico intrínseco a su terreno expropiado, buscando por analogía la regulación de aquellas expropiaciones que versan sobre terrenos con recursos naturales (que añade al justiprecio un porcentaje de la valía estimada de los hidrocarburos o minerales existentes y económicamente recuperables). No obstante, la naturaleza jurídica del viento no es la misma que la de minerales o hidrocarburos, y por tanto esta argumentación no ha tenido éxito en nuestro marco jurídico. Salvo modificación legal, no habrá posibilidad para los propietarios de que estas consideraciones cambien en el futuro.